Pablo Emanuel Lázaro Muse recibió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por desfalco millonario a la administración pública.
En un fallo judicial contundente, el Tribunal colegiado compuesto por Marcelo Luis Pagano, María José Gianinetto y Federico Pellegrino condenó a Pablo Emanuel Lázaro Muse, presidente de la Comisión de Fomento de Rucanelo, por su participación en los delitos de peculado y uso de documento privado falso. Muse, de 41 años, fue hallado responsable de 266 casos de manipulación de fondos públicos durante su gestión entre mayo de 2016 y septiembre de 2017.
El tribunal determinó que Lázaro Muse presentó repetidamente facturas apócrifas ante el Tribunal de Cuentas de La Pampa, justificando así el libramiento de cheques «al portador» por un total histórico de 3.465.769,50 dólares desde la cuenta corriente de la Comisión de Fomento de Rucanelo en el Banco de La Pampa. Esta maniobra, según los jueces, permitió al acusado sustraer fondos del erario público, eludiendo los controles administrativos correspondientes.
El fiscal general Armando Agüero, representante del Ministerio Público Fiscal, destacó la gravedad de los delitos imputados, solicitando al tribunal una pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para Lázaro Muse. Además, se impusieron reglas de conducta, incluyendo la fijación de domicilio y la supervisión por el Ente de Políticas Socializadoras durante dos años.
En contraste, la defensora penal María Soledad Trímboli argumentó en sus alegatos que no se probó la sustracción de fondos, sugiriendo en su defecto una condena por peculado culposo o, en última instancia, la absolución de su cliente.
El tribunal desestimó la solicitud de la defensa y, a pesar de las críticas respecto a la pena de inhabilitación absoluta perpetua, confirmó su imposición, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de preservar la integridad de la administración pública.
Este fallo marca un precedente en la provincia de La Pampa en la lucha contra la corrupción administrativa, estableciendo una clara señal de las consecuencias legales para quienes abusan de su posición en perjuicio del erario público.