La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró procedente un planteo de Oscar Celestino Valle, quien reclama la restitución de un lote de 4335 hectáreas en Limay Mahuida, La Pampa, ocupado desde 2009 por una familia. El máximo tribunal estableció que el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa incurrió en un “excesivo rigor formal” y ahora analizará si la ley provincial que frena los desalojos es inconstitucional.
La Disputa por el Terreno y la Ley Provincial en Cuestión
Oscar Celestino Valle, un molinero jubilado, heredó 70 hectáreas en Ingeniero Luiggi y luego compró las 4 mil hectáreas en el oeste de La Pampa. En 2009, denunció que la familia Suárez ocupó su campo. La familia alegó ser descendiente de pueblos originarios y evitaron el desalojo amparados por la ley provincial 2222, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, que suspende los desalojos en terrenos rurales ocupados por familias, indígenas, o sus descendientes en el oeste pampeano.
La Decisión Judicial y el Camino hacia la Corte Suprema
La demanda de Valle fue suspendida en 2013 por el Juzgado Civil 1 en General Acha debido a la ley 2222. Valle apeló y la Cámara en lo Civil de Santa Rosa ordenó una investigación sumaria para acreditar la pertenencia de los Suárez a un pueblo indígena. El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible el recurso de Valle, argumentando que la cuestión constitucional no fue debidamente introducida. Sin embargo, la CSJN sostuvo que la «cuestión federal» fue adecuadamente presentada durante el proceso, y señaló que el tribunal pampeano incurrió en un «excesivo rigor formal».
Próximos Pasos
Ahora, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa deberá enviar todas las actuaciones a la Corte Suprema, que determinará la constitucionalidad de la ley provincial que frena los desalojos. Esta decisión tendrá un impacto significativo en la protección de los derechos de propietarios y ocupantes de tierras en La Pampa.