Desde la implementación del ajuste fiscal más severo de la historia bajo la gestión de Javier Milei, las provincias enfrentan una marcada reducción en las transferencias no automáticas. Según datos recientes, el Gobierno nacional distribuyó apenas $45.300 millones de un total de $515.226 millones disponibles en 2024, beneficiando principalmente a provincias aliadas al oficialismo.
Reparto discrecional: quiénes recibieron fondos
De las 24 jurisdicciones, solo 10 provincias accedieron a Aportes del Tesoro Nacional (ATN):
- Misiones lidera el ranking con $13.000 millones.
- Entre Ríos, $6.800 millones.
- Tucumán, $6.500 millones.
- Salta y Chubut, $4.500 millones cada una.
- Catamarca y Santa Cruz, $3.000 millones cada una.
- Santa Fe y Jujuy, $1.500 millones cada una.
- Corrientes, $1.000 millones.
En tanto, entre julio y septiembre no hubo giros de ATN. Recién en octubre, Entre Ríos recibió $3.000 millones tras gestiones del gobernador Rogelio Frigerio. En noviembre, Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca fueron nuevamente privilegiadas tras apoyar legislativamente al blindaje del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
La Pampa: al fondo del ranking
Con una variación interanual negativa del -94,1% en transferencias no automáticas, La Pampa se ubica entre las provincias más perjudicadas, según estimaciones del economista Nadin Argañaraz. En el acumulado anual, los envíos a La Pampa cayeron -95,6%, apenas por encima de Formosa y La Rioja.
La situación evidencia una estrategia política de premios y castigos: mientras algunos mandatarios provinciales acceden a fondos mediante alianzas con Nación, otros quedan relegados en un escenario de diálogo empantanado y reclamos de deudas.
El Presupuesto 2025: un nuevo desafío
En medio de la tensión, la reciente cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) reunió a gobernadores de todas las provincias para debatir el Presupuesto 2025. Las exigencias incluyen:
- Coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
- Saldar deudas previsionales.
- Concluir obras públicas.
- Transferir propiedades nacionales como parte de pago.
Sin embargo, el «corset fiscal» del artículo 1 del proyecto plantea un límite claro: si no hay superávit, no habrá nuevos recursos. De no lograrse consenso legislativo, continuará vigente la ley sancionada en 2022, otorgando a Milei margen para avanzar sin ceder a las demandas provinciales.