La Cámara Civil de Santa Rosa confirmó que Marcelo Alejandro Zárate, exagente del Estado provincial, deberá reintegrar $2.223.546,78 al fisco de La Pampa tras haber percibido haberes de manera indebida entre marzo de 2018 y julio de 2022.
El caso comenzó cuando la Contaduría General de la Provincia detectó que Zárate recibió salarios sin justificación durante más de cuatro años debido a un error administrativo. La Resolución 211/23 estableció que debía restituir el dinero, por lo que se emitió una Boleta de Deuda por $2.319.056,08. Sin embargo, el juez de primera instancia Evelio Santamarina determinó que parte de la deuda—correspondiente a marzo a julio de 2018, por $95.509,30—estaba prescripta, y ordenó el cobro del monto restante.
Disconforme con el fallo, la Fiscalía de Estado apeló ante la Cámara Civil, argumentando que el plazo de prescripción debía contarse desde la emisión de la Boleta de Deuda, fechada el 11 de enero de 2024, y no desde los pagos indebidos.
Sin embargo, la jueza Marina Álvarez, de la Sala 1 de la Cámara Civil de Santa Rosa, rechazó el recurso y confirmó la sentencia original. La magistrada determinó que la acción para el cobro de los haberes debía computarse desde el momento en que fueron percibidos, ya que el Estado estaba en condiciones de reclamarlos desde entonces. Concluyó que los haberes cobrados entre marzo y julio de 2018 estaban prescriptos, ya que había transcurrido el plazo de cinco años previsto en el Código Civil y Comercial.
Además, la jueza consideró que la Fiscalía no presentó fundamentos sólidos para modificar la sentencia y que el criterio aplicado por el juez Santamarina era correcto. Como resultado, Zárate deberá devolver $2,2 millones restantes, además de intereses acumulados y costas judiciales.
Este fallo pone en evidencia fallas en los controles de la administración pública, ya que el error permitió que los pagos indebidos se extendieran por más de cuatro años sin ser detectados. Desde el Gobierno provincial consideran que la devolución del dinero es clave para preservar los recursos públicos, aunque la demora en la acción judicial impidió recuperar la totalidad de la suma adeudada.