El juez federal Claudio Bonadío procesó este lunes con prisión preventiva a la expresidenta Cristina de Kirchner por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a exfuncionarios por la obra pública durante su mandato.Además, el magistrado volvió a pedir el desafuero de Cristina Kirchner al Senado de la Nación y procesó también a ex funcionarios y empresarios.
Hasta el momento, la causa tiene una veintena de “imputados colaboradores”, otros tantos detenidos y un prófugo: entre los “arrepentidos” se encuentra Oscar Centeno, chofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, así como empresarios y exintegrantes de la gestión de Cristina Kirchner.
Este lunes, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó los allanamientos en su vivienda de El Calafate y difundió un video en el que denunció un faltante de objetos personales de valor luego del operativo que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en sus casas de Santa Cruz y Recoleta tras conseguir el aval del Senado en sesión especial.
“Esta casa, hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución”, dijo la exmandataria.
Fotocopias
Semanas atrás, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 que encabeza Bonadio difundió un informe sobre la causa de las fotocopias en el que sostuvo que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, “comandaron una organización delictiva”tendiente a la percepción de sumas de dinero ilegítimas.
Según el magistrado, esta organización estaba conformada por “funcionarios públicos” y se valía de “medios oficiales” como vehículos, empleados, equipos de telefonía celular y otros elementos para recaudar dinero de “diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Para la investigación, este procedimiento se extendió entre los años 2008 y 2015. El informe da cuenta que a través de distintas medidas de prueba como tareas de inteligencia, informes, e intervenciones telefónicas pudo comprobarse la “verosimilitud” de la información plasmada en los registros del chofer Oscar Centeno.
Así, indica que se obtuvieron indicios que “prima facie” permitieron sostener que, durante los ocho años mencionados los funcionarios Roberto Baratta, Nelson Javier Lazarte, Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas “efectuaron cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.
Estos, los derivaban a otros funcionarios como José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Héctor Daniel Muñoz, “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.