Un técnico en reparación de celulares fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de tenencia de pornografía infantil con fines de distribución y comercialización, según lo establece el artículo 128 del Código Penal. Además, se le decomisaron 1.370.000 pesos, dinero que será destinado al Centro de Desarrollo Infantil de General Acha.
La sentencia fue dictada por el juez de control Diego Ariel Asin, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Juan Bautista Méndez, el defensor oficial Claudio Martínez Sabio y el propio imputado, Cristian Nicolás Linaza Acri, de 35 años, quien reconoció su responsabilidad en los hechos.
Investigación y pruebas
La investigación determinó que, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, Linaza Acri almacenó y distribuyó material de abuso infantil utilizando redes sociales, criptomonedas, mails temporales y servicios de mensajería.
Las maniobras fueron detectadas a partir de los registros de las direcciones IP de una empresa proveedora de internet, que ubicaron las actividades del acusado en su domicilio y en el de su padre. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires remitió reportes que permitieron profundizar la causa.
Durante la investigación, la fiscalía solicitó informes a empresas como Google y PayPal, además de recibir colaboración de la División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía de La Pampa, Gendarmería Nacional, bancos y la compañía de internet involucrada. También se realizaron allanamientos, donde se secuestraron celulares, notebooks, discos duros, pen drives, discos compactos, módems y CPUs.
Condena y decomiso de dinero
En el marco del juicio, se acordó que el dinero incautado —obtenido a través de la comercialización del material ilegal— sea destinado a una institución municipal de bien público, en este caso, el Centro de Desarrollo Infantil de General Acha. Esto se basó en el artículo 23 del Código Penal, que permite el decomiso de bienes relacionados con delitos para ser utilizados en favor del Estado, las provincias o los municipios.
Pena y medidas restrictivas
Además de la condena en suspenso, Linaza Acri deberá cumplir con reglas de conducta durante tres años, bajo advertencia de que un incumplimiento podría convertir su pena en prisión efectiva. Entre las medidas impuestas, deberá:
🔹 Fijar residencia y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras.
🔹 Abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
🔹 Realizar un tratamiento psicológico obligatorio.
Linaza Acri permaneció un mes con arresto domiciliario antes de la sentencia.
La causa representa un importante antecedente en la lucha contra los delitos informáticos relacionados con la explotación infantil y evidencia la importancia de la cooperación entre organismos judiciales y tecnológicos para combatir estos delitos.