Las principales empresas que prestan servicios de transporte y distribución de gas natural solicitaron al Gobierno una actualización tarifaria del 45%, lo que impactaría en un 15% en las boletas de los usuarios. Además, exigen un esquema de incrementos mensuales para que sus ingresos acompañen la inflación y aseguren fondos para inversiones.
Pedido de aumentos y críticas al Enargas
Las compañías Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea presentaron sus propuestas ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que analizará el tema en la audiencia pública del 6 de febrero.
Además, algunas distribuidoras rechazaron el mecanismo propuesto por Enargas para separar las tasas municipales de las facturas y evitar cortes de servicio si los usuarios pagan parcialmente.
Camuzzi y la situación en La Pampa
Camuzzi, empresa que opera en La Pampa, solicitó un incremento del 45,8% en su margen de distribución y advirtió sobre el impacto del régimen de zona fría en su recaudación. Según argumentó, debe pagar el IVA sobre el 100% del gas, pero solo cobra entre el 50% y el 70%, debido a los subsidios estatales a usuarios patagónicos.
Propuestas de ajuste automático y estructura tarifaria
Metrogas y Camuzzi buscan que los aumentos sean automáticos y mensuales. Por su parte, TGS propuso una fórmula de actualización basada en:
- 40% evolución de los salarios.
- 30% inflación mayorista.
- 30% costo de la construcción.
Impacto en las boletas de los usuarios
Actualmente, la factura final de gas se compone de:
- 16% transporte.
- 27% producción o importación de gas.
- 34% margen de distribución.
- 23% impuestos.
TGS pidió un aumento del 22,7% en sus márgenes, lo que representaría una suba del 3,6% en la factura de los usuarios de Metrogas solo por transporte.
En tanto, TGN estimó aumentos del 5,9% en Tucumán (Gasnor) y del 13% en Santa Fe (Litoral Gas), considerando impuestos.
La definición de estos incrementos será clave en la audiencia del 6 de febrero, donde el Gobierno deberá evaluar el impacto en los usuarios y la sostenibilidad del servicio.