Hernán Pérez Araujo, procurador general de Rentas de La Pampa, analizó la supuesta falta de financiamiento por parte del Gobierno Nacional a la represa Portezuelo del Viento.
“Los pampeanos no tenemos más noticias que las que han trascendido en medios nacionales y locales sobre la posible quita de financiamiento a la obra. Hoy hemos visto que, desde la provincia de Mendoza, pretenden ser optimistas y manifiestan que la represa se hará bajo el régimen de participación público-privada”, expresó el procurador.
“Esta es una victoria pírrica para la provincia vecina en el marco de una situación económico-financiera que, desde La Pampa, venimos anticipando hace tiempo. Siempre hemos sostenido la idea que concretar una obra de estas características, presupuestada en 1.200 millones de dólares, en los tiempos que corren y con escasos beneficios, era un disparate”, reflexionó Pérez Araujo.
“Ningún inversor privado en su sano juicio debería poner un dólar en el financiamiento de esta obra que, evidentemente, será por demás deficitaria”, manifestó el funcionario pampeano.
“Ya lo hemos demostrado en el COIRCO, la represa no generará más de 78 megas a tope de funcionamiento y jamás va a llegar a los 210 que promete el proyecto ejecutivo. Esto hay que ponerlo en conocimiento de quienes pretendan ser contratistas, la obra no generará beneficios salvo que, como sospechamos, detrás de esto venga encubierto el inconfesado delirio mendocino que representa el trasvase del río Grande al río Atuel”, continuó.
“Desde La Pampa se han puesto de manifiesto estos obstáculos, además de los de índole ambiental”, confirmó Pérez Araujo.
Con respecto a los privados interesados en la construcción de la represa dijo: “debería dárseles participación en el ámbito del COIRCO para que se informen sobre las cuestiones técnicas y ambientales, además de hacerles conocer la opinión de las provincias dueñas del recurso. Considerando además la gran mentira que implica afirmar que será una obra que beneficiará a todos los argentinos. Deberían ser invitados incluso al taller que el organismo de cuenca tiene previsto para fines del mes de agosto en Casa de Piedra, y que está referido al tema.
Bereciartúa y Kerchner (ministro de Infraestructura de Mendoza), en clara connivencia, afirman que el régimen de participación público-privada es una alternativa respecto de cómo se pagaría la obra, pero nosotros no lo entendemos así; y habría que preguntarles cómo estará previsto el reparto de aportes y riesgos entre las partes, si se establecerán garantías de ingresos mínimos y, en ese caso, si seremos todos los argentinos los garantes”, añadió.
La normativa aplicable a este tipo de financiamiento contrasta con Portezuelo, se contrapone con sus objetivos. Si cumplen la ley, en el contrato debería plantearse una utilidad razonable en un plazo no mayor a 35 años, esto es imposible si no van a generar más de 78 megas, y está más que claro que no pueden generarlos. El proyecto no es rentable como está planteado, ni económica, ni socialmente.
Además, concluyó el procurador, “la ley exige que los proyectos a financiarse bajo esta operatoria deben preservar el medio ambiente y la sustentabilidad económica, social y ambiental, y ya sabemos que no es el caso de Portezuelo del Viento, es más, me atrevo a decir que va a ser todo lo contrario”.