El gobernador Sergio Ziliotto recibió en su despacho dos pedidos de audiencia en medio de un acalorado debate por la Ley Integral de Plaguicidas, sancionada en 2020. Una solicitud, firmada por dirigentes rurales, busca la derogación de la normativa, mientras que la otra, impulsada por organizaciones sociales y ambientalistas, exige su reglamentación urgente para proteger a los pobladores de las fumigaciones.
A pesar del pedido de los ruralistas, el Gobierno provincial confirmó su intención de avanzar con la reglamentación de la ley. La ministra de la Producción, Fernanda González, manifestó su “sorpresa” por la postura de los productores que, tras expresar su rechazo, se retiraron del consejo consultivo. González defendió la normativa, que establece restricciones de fumigación en áreas periurbanas y regula el uso de agroquímicos. La ley, además, incluye la creación de un sistema de trazabilidad de productos y obliga a los productores a inscribirse en registros específicos, presentar un diagnóstico previo a la fumigación y obtener permisos.
Los puntos en conflicto
La Ley Integral de Plaguicidas prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y las aplicaciones terrestres a menos de 500 metros, un aspecto que genera divisiones entre los actores del sector. Los productores rurales sostienen que las exigencias burocráticas, como la inscripción en registros y la realización de un diagnóstico previo, perjudican la producción y criminalizan la actividad rural.
A diferencia de los ruralistas, organizaciones ambientalistas como Fundación Chadilelvú y La Pampa Libre de Agrotóxicos insisten en que la reglamentación de la ley es urgente. Argumentan que el avance de la agroindustria sin control pone en riesgo la salud de los habitantes de las zonas periurbanas y solicitan que la normativa se aplique sin más dilaciones.
El rol de los municipios y el diálogo con el sector agropecuario
La ministra González explicó que la reglamentación será implementada en coordinación con los municipios, quienes trabajarán en la implementación de estrategias de aplicación de la normativa, articulando con instituciones académicas y colegios profesionales. “Es fundamental tener un sistema ordenado y controlado de aplicación de agroquímicos, que no solo se base en las exigencias para el sector productivo, sino que también contemple el bienestar de la población”, afirmó González.
Ante el rechazo de los ruralistas, el Gobierno mantuvo abierta la puerta al diálogo, asegurando que se podrían revisar algunos aspectos de la ley en el futuro para adecuarla a los avances tecnológicos y necesidades productivas, siempre en un marco de consenso.