El Gobierno de Mendoza formalizó la anulación de la represa Portezuelo del Viento mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, cumpliendo así con el laudo presidencial. La medida implica la desafectación de fondos y la eliminación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas para el proyecto, conocido como la «obra del siglo». El presidente Alberto Fernández favoreció a La Pampa y otras provincias en el laudo, ordenando un nuevo estudio de impacto ambiental en la Cuenca Interprovincial.
El decreto, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez, deja sin efecto el proceso licitatorio para la represa y dispone la devolución de la garantía presentada por el consorcio Malal Hue, único oferente. Se desafectan los fondos autorizados, ascendiendo a 1.023 millones de dólares, y se da de baja la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas.
El texto del decreto enumera los procesos realizados desde 1976 para la construcción de la presa, pero el laudo presidencial llevó a la reconsideración del proyecto. El nuevo estudio de impacto ambiental es esencial para tomar decisiones informadas. El gobernador Suárez ya había indicado que el laudo significaba la baja definitiva de Portezuelo del Viento.