Lo decidió una asamblea, basándose en el protocolo de la UNLPam. Aunque la Comisión de Aplicación todavía no está completa en su integración, el CEFCHu actuó ante la denuncia.
Tres integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas fueron expulsados tras ser denunciados por violencia de género. Una asamblea del órgano estudiantil tomó la decisión basándose en el protocolo que rige dentro de la UNLPam para intervenir en situaciones de violencia, acoso o discriminación de este tipo.
Todos pertenecen a la agrupación Juntxs Por Humanas, cercana al peronismo kirchnerista y a La Cámpora. Además, en la misma asamblea donde se decidió la expulsión, se confirmó la renuncia de dos mujeres estudiantes que ocupaban lugares en secretarías que pertenecían a la agrupación y la renuncia de otro integrante.
En las elecciones del Centro que se hicieron en noviembre pasado, Juntxs Por Humanas había ganado las secretarías de Acción Social y de Finanzas. La primera de ellas ahora quedó acéfala.
¿Qué pasó? Según las resoluciones tomadas en la asamblea del viernes 13 de abril, e informadas a través del Facebook de Prensa y Difusión del CEFCHu, se le aceptó la renuncia a Canela Maldonado a la conducción de la
Secretaría de Acción Social. Su suplente, Agustín Carrizo, fue “suspendido de su cargo por estar involucrado en una denuncia por violencia de género ante el protocolo de la UNLPam”.
Otros dos estudiantes, Pehuén Carrica y Francisco Larroudé, también fueron suspendidos “e impedidos de presentarse a elecciones en el CEFCHu por estar denunciados ante el protocolo de la UNLPam por violencia de género”.
El actual secretario de Finanzas, Gabriel Orellano, anunció su renuncia a Juntxs Por Humanas y afirmó que “seguirá ocupando el cargo en carácter personal”. Además, Otilia Pescara también presentó su renuncia como secretaria suplente de Finanzas “por motivos personales”.
Todos los nombrados pertenecen o pertenecían a la agrupación, que ahora quedó casi disuelta tras poco más de un año desde su formación.
Procedimiento
El Diario realizó una serie de consultas a fuentes universitarias que confirmaron que las denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Intervención del protocolo pero negaron que hayan sido resultas. “Si el Centro tomó esa decisión, es por cuenta de ellos”, advirtieron.
Es que si bien la comisión está funcionando y recibiendo denuncias (“hay muchas”, adelantaron) desde mediados de febrero y tiene representación de los claustros docente, estudiantil, graduados y no docente, falta cumplimentar la designación de dos profesionales que completen las intervenciones.
Además, uno de los puntos que determina la implementación del protocolo -que fue aprobado por el Consejo Superior y rige para todos los ámbitos de la UNLPam- tiene que ver con la confidencialidad de las denuncias pero también con que las personas denunciadas “deberán ser consideradas inocentes en todas las etapas del procedimiento y hasta tanto no se establezca su responsabilidad disciplinaria en la resolución final”.
Para los estudiantes, en caso de ser encontrados culpables, las sanciones aplicables pueden ir de un apercibimiento escrito, una suspensión de 30 días a 1 año, o directamente la expulsión.