La defensa de la jueza Ana Clara Pérez Ballester en el jurado por el caso Lucio Dupuy sostiene que la decisión de no entregar la guarda del niño a la madre fue el resultado de un acuerdo entre las partes y que, al momento de la intervención judicial, no existían indicios de violencia.
Además, se destaca que la homologación del convenio ocurrió en noviembre de 2020, un año antes de la tragedia, y que la jueza actuó conforme a la información disponible en ese momento. La defensa de Elisa Catán cuestiona la falta de fundamentación en la acusación y plantea la inconstitucionalidad del jurado de enjuiciamiento.