La Iglesia salió en defensa del proyecto político más relevante legado por Jorge Bergoglio a Argentina: la ley de barrios populares (Ley 27.453 de Integración Sociourbana de Barrios Populares). En ese contexto, envió al Senado al obispo cercano al papa Francisco, Gustavo Carrara, para solicitar al Gobierno que retire el título tercero del proyecto que establece la «inviolabilidad» de la propiedad, pues consideran que esa medida desarma el espíritu de la ley, que busca la urbanización de más de 6 mil villas en todo el país.
Carrara, arzobispo de La Plata y experimentado sacerdote en villas, expuso ante el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación del Senado para pedir expresamente que esa iniciativa sea retirada del proyecto. Esta propuesta fue impulsada por un grupo de empresas y estudios jurídicos representados por Federico Sturzenegger en el Gabinete, quienes la presentan como necesaria para defender la propiedad privada en Argentina. Según ellos, esta está en peligro y su objetivo es remediarlo, junto con promover el equilibrio fiscal, principios compartidos por Javier Milei.
La participación de Carrara tomó relevancia al ser el primer acto del mes dedicado al recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento, el próximo 21 de abril. La ceremonia culminará ese día con una misa en la Basílica de Luján, presidida por obispos de todo el país, a la que han sido invitados Javier Milei y Victoria Villarruel, así como integrantes del gabinete, gobernadores y legisladores de ambas cámaras. La invitación fue oficializada por la Conferencia Episcopal, máxima conducción de la Iglesia católica.
Movilización de curas villeros
Para anticipar la presión social, el grupo de curas villeros organizó el sábado una multitudinaria caminata por el barrio Flores, lugar natal de Francisco. La movilización convocó a un gran número de fieles y continuará con manifestaciones en Santiago del Estero y Catamarca. El sábado 18 se realizará una protesta masiva en la Plaza de Mayo, que incluirá un recital del popular cura DJ Guillermo Peixoto. El ciclo concluirá el 25 de abril con otra misa masiva en La Matanza, nuevamente con la presencia de varios obispos, con el fin de visibilizar la importancia de la ley de villas y provocar una reflexión del Gobierno. La defensa de esta ley hoy recae en la Iglesia y en Cáritas, institución prestigiosa presidida por Carrara.
Sturzenegger justificó la reforma de la ley sosteniendo que, en diez años, no ha cumplido sus objetivos. Aseguró que la modificación busca mejorar su eficiencia, sin eliminar el sistema, y propone descentralizarlo, trasladando responsabilidades a las provincias y municipios, como ocurrió con la ley de glaciares. Para el ministro, estos ajustes son detalles que mejorarán la norma sancionada en 2018 con casi unanimidad en ambas cámaras, en un proyecto impulsado por los líderes del interbloque de Juntos por el Cambio: Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot.
La iniciativa original fue impulsada por el dirigente Juan Grabois, con asesoramiento directo de Mauricio Macri, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, y contó con el respaldo explícito de Jorge Bergoglio. La ley fue financiada con fondos aprobados durante la presidencia de Alberto Fernández, período en el cual también se aprobó, igualmente por amplia mayoría, una prórroga que permite la expropiación de tierras ocupadas en villas para entregárselas a los ocupantes existentes al momento de la sanción.
El Gobierno actual derogó el fideicomiso que reunía esos fondos —provistos a partir de impuestos como el a las grandes fortunas y el llamado impuesto PAIS—, de modo que ahora es el Estado quien debe financiar esas expropiaciones, que en los últimos ocho años avanzaron poco.
La negativa de la Iglesia y la postura oficial
Sturzenegger defendió su opinión sobre el fracaso del sistema y, a diferencia de otros debates, permaneció mesurado, asegurando que el compromiso del Gobierno con un esquema descentralizado y sin financiamiento continuará. Esta ley fue la única política de Estado que logró apoyo conjunto entre oficialismo y oposición, macrismo y peronismo, con la bendición del Papa, beneficiando al sector de organizaciones sociales. En un contexto polarizado, esa unidad fue un hecho excepcional que el Gobierno quiere evitar repetir, ya que a un año de las elecciones la unidad opositora es vista como un riesgo.
Durante la sesión del plenario, Carrara, invitado por el senador peronista Mariano Recalde y presentándose como presidente de Cáritas, lamentó que Sturzenegger y su equipo se retiraran tras su exposición. Carrara pidió expresamente que no se trate el proyecto. Declaró: “No tocaría la ley 27.453 ni el proyecto que la cuestiona, sino que buscaría cómo recuperar la financiación para que las obras no se paralicen, para que avancen”. Recordó además que esos programas «no tuvieron ningún viso de corrupción,» destacando la honestidad intelectual de funcionarios actuales, en referencia a Sebastián Pareja, primer secretario del área bajo el Gobierno de Milei y hoy diputado nacional, quien admitió que era posiblemente la única secretaría que funcionó durante el mandato de Alberto Fernández.
Crisis de aliados y divisiones en el Congreso
En el Congreso cuestionan el sentido de presentar iniciativas que generan más enemistades que apoyos en un contexto ya preelectoral. La aparente superficialidad con la que el Gobierno maneja diversas crisis —como las vinculadas a