El Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad. La acción busca que los recursos del uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se integren en la masa de fondos coparticipables para las provincias y se distribuyan automáticamente de manera diaria.
La solicitud fue presentada por la Fiscalía de Estado, dirigida por Romina Schmidt, con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Según el Gobierno de La Pampa, el Gobierno Nacional ha transferido solo 10.300 millones de pesos a unas pocas provincias, una suma mínima en comparación con el total no distribuido.
En un comunicado oficial, el Gobierno de La Pampa argumentó que la distribución de los fondos provenientes de los ATN depende de la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional, sin seguir ningún parámetro constitucional de distribución. Esto, según el comunicado, viola los criterios objetivos de reparto previstos en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución argentina, causando un daño irreparable a las provincias y a los derechos de sus habitantes.
La presentación recuerda que, según la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional pertenece a las provincias y debe ser distribuido por el Estado Nacional atendiendo a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. La omisión del Estado Nacional en la distribución de estos fondos, en un contexto de emergencias económicas en todas las provincias, es vista como una apropiación indebida.
El comunicado también señala que esta situación no tiene precedentes en gobiernos anteriores. La última distribución masiva de fondos ocurrió en noviembre de 2023, cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, distribuyó 131.000 millones de pesos entre las 24 jurisdicciones federales.
El gobierno pampeano acusa al Gobierno Nacional de contribuir al deterioro del federalismo fiscal, recordando que la ley de coparticipación federal inicialmente asignaba un 58 % de los fondos al conjunto de provincias, porcentaje que ha disminuido significativamente, quedando mayoritariamente en manos del Estado Nacional.
La presentación ante la Corte Suprema subraya la inobservancia del artículo 75, inciso 2, de la reforma constitucional de 1994, que constitucionalizó el sistema de coparticipación federal de impuestos. Este sistema establece una distribución equitativa y solidaria de los recursos, priorizando el desarrollo equivalente, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en todo el país, y garantiza la automaticidad en la remisión de fondos.
La decisión de llevar este caso ante la Corte Suprema refleja la gravedad con que la provincia de La Pampa percibe la situación y su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales de sus ciudadanos.