El gobierno de Sergio Ziliotto solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva de manera urgente una medida cautelar a favor de La Pampa en el juicio por la deuda previsional que la provincia reclama al Gobierno Nacional, una cifra que supera los 100 mil millones de pesos.
El pedido, presentado este lunes 26 por Romina Schmidt, fiscal de Estado, y Julieta Tamborini, apoderada del Estado pampeano, subraya la «gravedad y urgencia» de la situación, debido a la falta de pago de los anticipos mensuales por parte del Estado Nacional. «La actitud negativa del Estado Nacional en abonar los anticipos mensuales no sólo vulnera los derechos adquiridos de jubilados, pensionados y retirados del ISS, sino que agrava día tras día la situación del sistema previsional pampeano», señala el documento.
La deuda, según auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social de La Pampa, asciende a $5.104.478.586,96 hasta el 31 de marzo de 2024, incluyendo los déficits de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Aunque el Gobierno Nacional efectivizó el pago correspondiente al año 2020, la provincia reclama la actualización de esa cifra, junto con los déficits actualizados de los años siguientes. A marzo, la deuda reclamada era de 90 mil millones de pesos, superando ahora los 100 mil millones.
La demanda se basa en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por la ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, tras agotar la vía administrativa ante la falta de respuesta a los reclamos provinciales. La Pampa también cuestionó la inconstitucionalidad del reciente DNU 280/24, que pretende derogar la normativa que regula esos pagos.
El gobernador Ziliotto ya había advertido públicamente sobre el riesgo para las cajas previsionales de la provincia, señalando que, debido al DNU del Gobierno Nacional, el Estado provincial se vio obligado a utilizar fondos propios para solventar sumas que deberían ser cubiertas por la Nación.