Meaca: «La ley penal juvenil es la más avanzada del país»

0
4
Según Meaca, el texto aprobado por la Legislatura ofrece «un nuevo código de procedimiento, que permite transitar por otro camino y busca resolver la problemática desde la primera situación de conflicto, garantizando a los pibes escolarización, capacitación laboral, espacios deportivos y acompañamiento de referentes y organizaciones sociales».

El diseño de un nuevo paradigma procesal para el abordaje judicial de causas penales que involucran a niños y adolescentes fue encarado por una comisión especial que trabajó durante dos años. «Era una tremenda necesidad, porque nuestro país carece de una legislación de fondo. En 40 años el Congreso nunca definió una normativa especifica y por eso la primera dificultad es esa carencia, un problema gravísimo porque Argentina suscribió innumerables tratados internacionales sobre infancia, adolescencia y derechos humanos», recordó Meaca.

Hasta ahora «la única ley vigente era la 22.278 (Régimen Penal para la Minoridad), aprobada en 1968 y con algunas reformas posteriores, pero técnicamente inaplicable por cierta inconstitucionalidad señalada» desde la Corte Suprema de Justicia. «Es una ley de facto que vulnera todo derecho con una mirada muy simplista» a pesar de que el país adhirió sucesivamente «a la Convención de los Derechos del Niño, la Resolución Nº 10, los tratados de RIAD e innumerables regulaciones para el tema penal adolescente».

Un sistema en la mira.
El sistema correccional argentino se encuentra en la mira de organismos nacionales desde que Unicef detectó que priva de libertad incluso a los menores de 16 años. «Los relevamientos muestran que provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza tienen chicos de 12 y 13 años alojados en correccionales». Frente a esta realidad, el nuevo sistema penal juvenil pampeano «es lo más avanzado del país y resulta claramente superador de tres o cuatro provincias que legislaron algo, porque impone una nueva mirada y respeta los tratados ratificados por Argentina sobre derechos de niños, niñas y adolescentes».

Esta novedosa visión está enfocada en «la reinserción escolar y capacitación laboral, garantizando derechos de acceso a la salud, tratamiento de adicciones, acompañamiento y medidas de reparación». Esta ley «cambia totalmente la mirada penal y considera la privación de libertad como una medida extremadamente excepcional», agregó.
En lugar de encierro, al detectar un niño en conflicto «se aplicarán dispositivos de reinserción, suavizando medidas judiciales e incorporando a organizaciones sociales y operadores». En todo el mundo «ha quedado demostrado que la privación de libertad no resuelve» esta problemática y por eso el nuevo sistema «apunta a garantizar educación, espacios laborales y una reinserción social a través de la reparación, ya sea en un territorio, una organización, un comedor comunitario», explicó.

Un año de implementación.
La justicia provincial dispone de un año para implementar este sistema que también «faculta al juez para adoptar innumerables medidas alternativas, incluyendo tratamientos de salud, abordaje profesional ante abuso de consumos, intervención familiar, terapia y mecanismos de reinserción escolar». Además, en cualquier momento «el juez puede suspender el proceso para aplicar medidas que considere necesarias, definir un abordaje, convocar a organizaciones o aplicar un dispositivo».

Argentina permite la privación de libertad a partir de los 16 años: «un momento de quiebre, porque al llegar a esa edad cambia la situación penal, se abre un vacío absoluto y no existen herramientas para continuar el proceso iniciado» con adolescentes. Sin embargo, resulta «la edad más propicia para una trasformación. A partir de los 18 ó 19 años pasan a penales para adultos y ya es casi imposible mejorar su situación».

En síntesis, esta ley daría respuesta «a los vecinos que reclaman porque nadie hace nada sobre la problemática de reincidencia, mediante un compendio de herramientas y personas que garantizarán escolarización, capacitación laboral, abordaje profesional, tratamientos necesarios y una reparación al vecino y la sociedad». Dice Meaca que ahora «cuando se detecte un pibe en situación de conflicto penal, empezaremos por garantizarle derechos, resguardando también al vecino afectado y trabajando para que el pibe no reincida y esa conducta desaparezca. El objetivo es cortar el proceso en la adolescencia, rescatándolos antes de los 16 años y ofreciéndoles una alternativa real de integración», concluyó.

Dejanos tu comentario