En el país solo hay 60 radares homologados para labrar fotomultas. “Ciertas comunas tratan de lucrar con el conductor ocasional», dijo el diputado radical Daniel Kroneberger.
El diputado nacional de la UCR, Daniel Kroneberger, pretende que la Agencia Nacional de Seguridad Vial controle y sancione a los municipios, provincias y funcionarios responsables de los radares no homologados con los que se labran “fotomultas” a conducores osacionales en las rutas del país. Planteó que “se aprovechan de los automovilistas, colocando radares y fotomultas no habilitados por el único organismo de control”.
Kroneberger anticipó que, con el inicio del período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, pesentará un proyecto para que se realice un relevamiento de los radares no habilitados ni homologados por la agencia en diferentes provincias y rutas del país. Se hizo eco así de un informe del propio organismo, según el cual apenas hay 60 radares habilitados en el país, la mayoría en provincia de Buenos Aires. Desde el centro del país hacia el sur no hay radares homologados. Se sabe que, por ejemplo, la mayoría de los radares que en Córdoba generan fotomultas, no están autorizados.
De acuerdo a la iniciativa, la ANSV debería intimar a los municipios para desinstalar los radares no autorizados como así también establecer los funcionarios responsables de tales irregularidades. Además aconseja publicar por todos los medios posibles aquellos radares no habilitados para que los automovilistas perjudicados puedan deshacerse sin trámite alguno de las multas recibidas.
“No puede ser que los automovilistas reciban sus multas en sus domicilios, y deban recurrir a abogados o transitar juzgados para realizar los descargos correspondientes”, opinó Kroneberger. “Estos radares instalados por gobiernos municipales y provinciales sin ningún tipo de control ni habilitación lo son exclusivamente con fines recaudatorios”, infirió.
“La Agencia realiza una serie de recomendaciones que debe tener en cuenta un conductor si observa un operativo irregular e indica que actitud tomar ante tal situación. Es correcto, pero sería más efectivo que el control sea llevado a cabo por los organismos que corresponden y no por los mismos conductores quienes, muchas veces, abonan multas que son ilegítimas siendo en última instancia la ANSV y por ende el Ministerio de Transporte el responsable de tal situación”, estimó.
“Las infracciones de tránsito tienen como fin, crear un patrón de prevención y educación al conductor. No obstante vemos que han aparecido ciertas comunas, a la orilla de rutas nacionales o provinciales, que tratan de lucrar con el conductor ocasional, generando fotomultas, que no responden a la finalidad de la Ley, es más, genera el sentimiento, muy común en nuestro país, de falta de seriedad y vulneración de derechos y garantías constitucionales, acciones de organismos públicos que no respetan el debido proceso, y generan procedimiento administrativos totalmente ajenos a la Ley y que obviamente no generan prevención de accidentes de tránsito”, concluyó.