El juez de audiencia piquense, Federico Pellegrino, declaró la autoría y responsabilidad penal de dos jóvenes que eran menores de edad al momento de cometer los delitos. Esta sentencia, la primera dictada en la ciudad de General Pico bajo el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes que rige en La Pampa desde agosto de 2023, marca un precedente significativo en la aplicación de la ley provincial 3353. Asimismo, el juez Marcelo Pagano dictó una condena similar en otro caso juzgado bajo la misma normativa.
Un cambio clave en la justicia juvenil
La nueva ley establece que, tras cumplir los 18 años, la eventual imposición de una pena a los adolescentes deberá ser resuelta por un juez o jueza de audiencia y no por los tribunales de familia, niñas, niños y adolescentes, como se hacía anteriormente. Además, la sentencia debe ser redactada en un lenguaje comprensible para los imputados.
Otra novedad destacada es la prohibición del juicio abreviado para adolescentes de 16 y 17 años, lo que implica que todos los procesos deben realizarse mediante juicios orales, como ocurrió en los fallos de Pellegrino y Pagano.
Delitos y condenas
El juez Pellegrino encontró culpable a un joven de 17 años por los delitos de robo agravado por escalamiento, hurto agravado por escalamiento y robo simple, en tres causas distintas. Otro joven, hoy de 19 años, fue condenado por hurto agravado por escalamiento cuando tenía 17 años y recibió una pena de tres años de prisión efectiva por otros delitos cometidos tras haber cumplido los 18.
En un juicio paralelo, el juez Marcelo Pagano declaró la responsabilidad penal de un joven de 19 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal como delito continuado, cometido entre julio de 2022 y febrero de 2023 contra una menor de 12 años.
Medidas socioeducativas como alternativa a la prisión
La ley provincial 3353 también contempla la aplicación de medidas socioeducativas alternativas a la prisión, tales como:
- Tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos.
- Inclusión en programas de asistencia comunitarios.
- Tratamientos por adicciones.
- Capacitación laboral o adquisición de oficios.
- Trabajo comunitario y servicios a la comunidad.
Estas disposiciones buscan favorecer la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley y reducir los índices de reincidencia.