El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, se lo ratificó al funcionario pampeano en una reunión. El destacamento de General Acha será reubicado en el sur del país y a La Pampa llegarán a cambio fuerzas especiales para seguridad vial y lucha contra el narcotráfico.
El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la decisión de reubicar el Destacamento Móvil 4 de Gendarmería Nacional, que actualmente funciona en General Acha, en un lugar del sur del país.
La información fue dada a conocer por el ministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos Tierno, quien se reunió con el funcionario nacional en las últimas horas.
El dato es un golpe para la comunidad de General Acha: hay unos 400 gendarmes en ese destacamento, muchos viviendo con sus familias, que generan un movimiento económico importante en la localidad.
A mediados de marzo, la propia ministra Patricia Bullrich había anunciado junto a Tierno que se daría marcha atrás con la decisión del traslado y que el destacamento se mantendría en el lugar que ocupa.
“En forma paralela al desplazamiento de los actuales componentes, se concretará la llegada de fuerzas especiales en materia de seguridad vial y de lucha contra el narcotráfico, ambas equipadas con elementos de primer nivel tecnológico”, dijo ahora Tierno. “Esto permitirá además un adecuado control de las distintas pistas de aterrizaje que existen en la provincia”, detalló.
“El funcionario nacional ratificó la necesidad de darle continuidad al trabajo conjunto entre los ministerios, ya que el mismo no solo redunda en beneficios exclusivos para la provincia de La Pampa, sino también en el control de una zona “sensible” del tráfico de estupefacientes tanto hacia la Patagonia como a Chile y/o con destino a Europa. El territorio de La Pampa, se sabe, constituye uno de los ámbitos estratégicos de controles de tránsito de estupefacientes”, señaló Tierno en un comunicado.
Tierno además pretende “desfederalizar” la competencia judicial sobre las causas de drogas, algo que en principio requiere una profunda modificación del Código Penal de la Nación. Según el ministro, es una idea que también apoya el gobernador Carlos Verna.
Según le manifestó a Millman, la idea es que la investigación de este tipo de delitos “esté a cargo de los fiscales de la provincia de La Pampa, para lo cual también sería posible que fuerzas federales se desenvuelvan como auxiliares judiciales de la misma justicia provincial”.
CICRE
Además, en la reunión con el funcionario nacional se acordó avanzar en operativos conjuntos entre la Policía de La Pampa, la Policía Federal y la propia Gendarmería. Esto a partir del análisis del Centro de Investigación Criminal Regional en La Pampa (CICRE), instalado desde 2016 en la provincia.
Según detalló Tierno, las fuerzas combinadas realizarán trabajos de prevención y control de tránsito, movimientos de personas y de posible pasaje de estupefacientes. “El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de Milman, reiteró el cumplimiento por parte de ese Ministerio el pedido del gobierno pampeano para que se mejore la prevención y el control en rutas nacionales que pasan por La Pampa, por parte de Gendarmería Nacional, fuerza federal que tiene por la Ley Nacional de Seguridad en el Tránsito la obligación de tales tareas en territorios provinciales”, aseveró.
También se avanzará en la posibilidad que fuerzas federales, específicamente Gendarmería, puedan colaborar en actividades de prevención en zonas urbanas, realizando allí actas de constatación y remitiéndolas a los juzgados municipales de faltas, como así también en base a la organización conjunta la posibilidad de que esa fuerza realice actividades preventivas en las zonas rurales.
Cárcel
Tierno además se reunió con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para reclamar por el incumplimiento de los convenios firmados con el Servicio Penitenciario Federal para que los presos pampeanos sean alojados en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa.
“En la anterior gestión del actual gobernador, se decidió la construcción de pabellones en el ámbito territorial de la U-4 con exclusivo destino a personas detenidas o privadas de su libertad ambulatoria a disposición de tribunales provinciales. Con el paso del tiempo ese convenio fue incumplido en el ámbito nacional, incumplimiento que aún persiste en más de un centenar de plazas lo cual hace que personas detenidas se encuentren inadecuadamente alojadas en espacios policiales”, señaló el funcionario provincial.
En la reunión, los funcionarios nacional se mostraron dispuestos a visitar la provincia en las próximas semanas para buscar distintas alternativas.