Un año después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito de 20.000 millones de dólares, el Gobierno argentino se reencontrará con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. La delegación, encabezada por Luis Caputo, viajará en las próximas horas a Estados Unidos con el objetivo de destrabar un desembolso de 1.000 millones de dólares y flexibilizar la meta de reservas.
Según fuentes del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía participará el martes por la mañana en la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y luego partirá hacia Washington, donde se desarrollará la asamblea entre el lunes y el sábado. Lo acompañarán su viceministro, José Luis Daza, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Además, están previstas reuniones con inversores.
El Gobierno arribará a esta instancia en un contexto delicado: a pesar de mantener superávit fiscal y haber acumulado 5.000 millones de dólares en reservas durante el año, con un dólar estable en torno a 1.400 pesos, la inflación se aceleró, la industria y la construcción registraron caídas en febrero, y la mora bancaria permanece en niveles récord. Asimismo, no se lograron acumular reservas suficientes debido a pagos de deuda, situación que derivó en la flexibilización de algunas restricciones cambiarias y la extensión de la llamada restricción cruzada para personas.
Argentina cumplió 12 meses desde la firma del nuevo programa con el FMI en abril de 2025, que incluyó un desembolso inicial adelantado (frontloading) de 12.000 millones de dólares. Posteriormente, en la primera revisión de junio, se recibió otro aporte de 2.000 millones, a pesar de no haber cumplido la meta de reservas. A solicitud de Caputo, el FMI flexibilizó este requisito, estableciendo que el objetivo se mida en forma semestral en lugar de trimestral. Sin embargo, en diciembre se registró un nuevo desvío negativo de 11.500 millones de dólares.
El Ministerio de Economía busca avanzar ahora en la segunda revisión, iniciada en febrero, que evalúa los números correspondientes a junio-diciembre de 2025 y las proyecciones para el primer semestre de 2026. En este marco, el ministro Caputo reiteró su pedido de flexibilizar la meta de reservas, proponiendo que los controles se realicen únicamente a fin de año. Esta medida permitiría evitar solicitudes de dispensas («waivers») por incumplimientos, especialmente en un contexto electoral para 2027.
Aunque el Gobierno afirmó haber alcanzado un acuerdo técnico tras la visita de la misión del FMI a Buenos Aires en febrero, el organismo no lo ha confirmado. Dicha evaluación debe ser aprobada por el directorio del FMI para que Argentina reciba el desembolso de 1.000 millones de dólares. Hasta el momento, desde Washington no se ha fijado una fecha para analizar el caso argentino, lo que retrasa la llegada de nuevos fondos.
Tras un intento fallido de regresar a los mercados en enero, el equipo económico buscó reemplazar Wall Street con otras fuentes financieras, como privatizaciones, financiamiento alternativo (sobre el cual aún no se han brindado detalles) y el mercado local, donde se establecieron límites para la compra de bonos que vencen en 2028. Sin embargo, Wall Street continúa apostando a que el Gobierno deberá volver a los mercados externos para cancelar 24.000 millones de dólares antes de fines de 2027.
El riesgo país cerró la semana pasada en 550 puntos, una baja relativa pero que aún impide la emisión de deuda externa. El Fondo reconoció semanas atrás que el entorno global se volvió más complejo debido al conflicto en Oriente Medio. Si bien este conflicto mejoró las exportaciones argentinas de energía, también provocó un aumento del 25% en el precio de los combustibles. Caputo deberá persuadir a Georgieva de que la economía del país está entrando en un «punto dulce», según declaraciones del viceministro Daza la semana pasada.
El diputado Javier Milei admitió que «los últimos meses fueron duros», debido a la caída de la actividad y al aumento de la inflación. En el Ministerio de Economía también existe preocupación por la recaudación, clave para sostener el superávit fiscal. La pérdida de ingresos incrementa la presión sobre el gasto en subsidios, universidades y programas sociales, lo que está generando conflictos con el PAMI, empresas de transporte y movimientos sociales, así como tensiones entre gobernadores, docentes y fuerzas de seguridad. En contraste, el presupuesto destinado a sueldos del Poder Ejecutivo fue actualizado.
A pesar de estos desafíos, el presidente cuenta con el respaldo de Estados Unidos —principal accionista del FMI y artífice del swap de 20.000 millones de dólares que permitió sortear las elecciones legislativas de 2025— a cambio de avanzar en las reformas estructurales y garantizar su continuidad. En Washington, según pudo saber Clarín, hay inquietud por las trabas judiciales a la reforma laboral y por el resultado electoral de 2027, del cual dependen muchas promesas de inversión.