El Gobierno nacional oficializó este viernes una serie de decretos destinados a reforzar la transparencia en el uso de recursos públicos por parte de las universidades nacionales. Según lo publicado en el Boletín Oficial, las casas de estudios deberán migrar sus sistemas de contratación y contabilidad a plataformas unificadas, eliminando prácticas que, según las autoridades, han facilitado la falta de claridad en la administración de fondos.
Cambios en los sistemas de gestión
A partir de estas disposiciones, las universidades deberán utilizar los portales COMPR.AR, CONTRAT.AR y el sistema contable e-SIDIF, abandonando el actual Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá). Este cambio permitirá, según explicó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que los gastos y pagos sean monitoreados en tiempo real.
“Con el e-SIDIF, cada compra o ejecución presupuestaria será visible online y de manera sincronizada, mejorando la rendición de cuentas”, afirmó Álvarez durante una rueda de prensa junto al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.
Restricciones a las contrataciones directas
Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de las contrataciones interadministrativas, que implicaban acuerdos directos entre universidades y otros organismos del Estado. Según Fariña, una auditoría realizada por la SIGEN reveló que entre 2022 y 2023 se firmaron más de 2.400 convenios de este tipo, en algunos casos sin fines claros o con usos cuestionables, como la contratación indirecta de personal.
“Esto no prohíbe que las universidades puedan competir en licitaciones, pero garantiza que lo hagan en igualdad de condiciones con empresas privadas y otras instituciones”, explicó Fariña.
Impacto en la Universidad Nacional de La Pampa
En la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), las modificaciones tendrán un impacto significativo, ya que la institución acostumbraba realizar contratos directos con el Ejecutivo provincial. A partir de ahora, todos estos procesos deberán someterse a licitaciones públicas.
Transición gradual
La implementación de las medidas será progresiva, según lo dispongan la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda. Además, un cuarto decreto reglamentará las restricciones establecidas en el DNU sobre contrataciones interadministrativas para adaptar los procesos necesarios.
“Estas medidas buscan erradicar prácticas opacas y garantizar que cada peso del Estado sea usado de forma transparente y en beneficio del público”, concluyó Fariña.