En Huinca Renancó el Poder Judicial decidió poner custodia sobre un agresor, para no revictimizar a la mujer que sufrió sus ataques. Liliana Robledo, secretaria de la Mujer, sugiere que la medida se implemente en localidades pampeanas.
La secretaria de la Mujer de la Provincia, Liliana Robledo, consideró que sería “interesante” que el Poder Judicial pampeano imite la decisión de un juez cordobés de disponer custodia sobre un agresor acusado de violencia de género. La disposición evita que los controles y la vigilancia sean a la víctima.
“Es una idea innovadora, el juez explicó que tomó la experiencia de España. Es acorde, con sentido común: que el violento sea el custodiado y no la mujer, que ya tiene la carga de sufrir la violencia y los avatares de los estamentos del Estado como para que se tenga que estar cuidando de que no la persigan”, reflexionó la funcionaria.
Claudio Mazuqui, juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Faltas y Violencia Familiar de Huinca Renancó, dispuso una medida inédita hasta el momento: aplicar un “control intensivo de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima”.
Es un recurso utilizado en España y se decidió a tomarlo porque en “muchos casos la víctima termina revictimizada por la situación y es escrachada en su ámbito, en especial cuando se trata de localidades pequeñas donde todos se conocen”, señaló el propio magistrado.
“Es una idea interesante para adoptar en nuestra provincia, especialmente en las localidades chicas, en la capital es imposible tener un policía para cada caso, pero en las localidades chicas puede aplicarse de manera satisfactoria, también como condena social, para que el violento se retraiga”, consideró Robledo.
En los dos casos, el juez valoró que el control al agresor funcionó para garantizarles a las víctimas una vida más tranquila, también acompañado de ayuda psicológica. ”En el Juzgado partimos de dos premisas: la primera es que de la violencia familiar y de género se puede salir con contención y ayuda psicológica; y la segunda es que se puede prevenir; por eso organizamos charlas en los barrios y en las escuelas para hablar con los vecinos y jóvenes a fin de visualizar el problema”, destacó el juez.
Intervino cuando una mujer de la localidad de Del Campillo, a 360 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, denunció desde el año 2014 hechos de violencia de parte de su esposo, con quien tiene cinco hijos, dos de los cuales son menores de edad. En 2015, el agresor quedó detenido en la cárcel de Río Cuarto por privación ilegítima de la libertad, amenazas, coacción y luego fue condenado por la Cámara del Crimen de esa ciudad. Todas estas imputaciones tenían a su esposa como víctima. Luego de cumplir la pena y recuperar la libertad, volvió a hostigar a la mujer, sobre quien se ordenó custodia policial para preservar su vida.
Los padecimientos no cesaron y la problemática se agudizó cuando ella se fue a vivir a una ciudad cercana al campo donde residían inicialmente y comenzó una nueva relación afectiva. El Juzgado a cargo de Mazuqui entrevistó a la mujer, quien pidió que le sacara la custodia policial porque se le hacía imposible vivir de ese modo.
El magistrado destacó que “hasta el momento, con el control al agresor y el tratamiento psicológico a ambos, hemos logrado que la víctima pueda continuar con su vida sin que se le acerque”.
En otro orden de cosas, Robledo confirmó que en la última reunión del Consejo Federal se solicitó una mayor disponibilidad de pulseras electrónicas, herramienta con la cual “se encasilla al violento. Es un principio de solución para evitar ataques y mujeres revictimizadas”. Aclaró que hasta el momento desde el Poder Judicial “no se ha designado ninguna pulsera, tenemos el botón antipánico”.