El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, vetó parcialmente la Ley Nº 3590, destinada a establecer espacios de lactancia en reparticiones públicas, debido a un error legislativo: los diputados aprobaron la adhesión a una ley nacional a la que la provincia ya se había sumado en 2021 mediante la Ley Nº 3342.
El decreto N° 4430, publicado en el Boletín Oficial el 10 de enero, elimina el artículo 9° de la ley sancionada, argumentando que la duplicidad normativa es innecesaria y contraproducente.
Detalles de la Ley Nº 3590
La norma tenía como principal objetivo garantizar espacios adecuados para la lactancia materna o la extracción de leche en condiciones de higiene y privacidad en oficinas públicas. Entre sus disposiciones, establecía:
- Espacios obligatorios: En oficinas con más de cinco personas con capacidad de gestar.
- Plazo de adecuación: Un máximo de 12 meses desde la promulgación de la ley.
Argumentos del veto
- Duplicidad normativa: La provincia ya había adherido a la Ley Nacional Nº 26.873 en 2021, lo que hace innecesaria esta nueva adhesión.
- Viabilidad económica: El Ejecutivo consideró inviable obligar a adaptar oficinas con solo cinco personas gestantes, destacando que el estándar nacional establece la obligatoriedad en espacios con al menos 20 empleados en edad fértil.
- Plazos y sostenibilidad: El plazo de 12 meses fue calificado como “extremadamente corto” para cumplir con las exigencias en todas las reparticiones. Además, se criticó la falta de un límite máximo para el periodo de operación de los espacios.
El Ministerio de Salud provincial también recomendó ajustar las disposiciones a las pautas nacionales y a las experiencias de otras provincias, señalando que el proyecto presentaba desequilibrios entre sus objetivos y su factibilidad.
Revisión legislativa
El decreto fue remitido nuevamente a la Legislatura para que los diputados revisen la normativa y analicen los ajustes propuestos por el Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 70 de la Constitución provincial.
Esta decisión pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y análisis en el proceso legislativo para evitar errores y garantizar la implementación efectiva de políticas públicas.