El registro de la UCA es el dato de pobreza más alto desde 2010, cuando comenzó la serie que elabora esa casa de estudios. Este índice es una innovación metodológica que ya había sido publicado anteriormente por el equipo que conduce Agustín Salvia y que cruza su medición de pobreza por ingresos -similar a la que el Indec difundirá el próximo jueves- con un análisis basado en las carencias de derechos que incluye seis dimensiones (alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos y empleo y seguridad social).
En ese sentido, la UCA considera pobres multidimensionales a aquellas personas u hogares que tengan al menos una carencia de esos derechos y, al mismo tiempo, no logren superar la línea de pobreza por ingresos.
El Observatorio incluyó en el documento del tercer trimestre de 2018 una medición sobre lo que denominó “pobreza estructural”, que también cruza la pobreza por ingresos, pero con aquellas personas u hogares que tienen tres carencias o más de derechos sobre la base de las dimensiones presentadas. Según la UCA, este indicador pasó de 16,7% en 2017 a 18,6% en 2018.
Esto quiere decir que surgieron 769.500 pobres estructurales nuevos en un año y hoy son 7,5 millones. Con ese avance de la pobreza estructural se vuelve a los niveles que había en 2016.
Si se observa la cantidad de hogares, la pobreza multidimensional creció en un año de 18,5% a 23%, mientras que la pobreza estructural pasó de 12,1% a 14,1%, según indica el informe de la UCA.
Más allá de los malos datos, el informe reflejó algunos avances específicos en dimensiones vinculadas a la infraestructura o a problemas que podrían considerarse de fondo. Por ejemplo, la tasa de los hogares que tenían carencias en los servicios públicos cayó de 32,8% a 30% a pesar de la crisis; en vivienda digna se pasó de 21,4% a 21,1%; en medio ambiente, de 21,1% a 19%, y en accesos educativos, de 32,3% a 31,9%.