La justicia volverá a definir qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. El expediente ya fue asignado a cuatro magistrados diferentes.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Cámara Federal de Casación aceptó analizar una apelación presentada por Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la propiedad, pero se sospecha que son testaferros de Toviggino. Ellos objetan que la causa sea investigada por la justicia en lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente.
Para resolver esta cuestión, el tribunal convocó una audiencia para el próximo 12 de agosto a las 11:30 horas, en la que se escucharán los argumentos de la defensa de Pantano y Conte, así como la postura del fiscal general de Casación, Mario Villar.
Los acusados apelaron el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que, hace un mes, ordenó que el caso fuera instruido por el Juzgado 10 de ese fuero, actualmente a cargo de Verónica Straccia. Pantano y Conte reclaman que el expediente regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
La discusión sobre qué jurisdicción debe intervenir en el caso se mantiene desde el inicio de la investigación, en diciembre pasado. El caso versa sobre la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados, que cuenta con helipuerto y un galpón donde se encontraron 54 autos de lujo en estado de colección. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SA, una sociedad de Pantano y Conte, quienes no tienen registrado el nivel económico necesario para adquirirla.
El primer juez encargado fue Daniel Rafecas, quien allanó la propiedad y encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central en señal de agradecimiento y constató que los 54 vehículos tenían cédulas azules a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Luego, el caso pasó al magistrado del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien planteó como hipótesis que la propiedad fue adquirida con fondos de la AFA. Aguinsky detectó que Pantano poseía una tarjeta corporativa de la entidad con la cual gastaba 50 millones de pesos mensuales y pagaba los Telepase de los autos.
La defensa de Pantano y Conte solicitó entonces que la causa quede a cargo de la justicia federal de Campana, dado que ese tribunal tiene jurisdicción sobre Pilar, donde está ubicada la propiedad. El juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, aceptó el planteo, y el caso fue asignado a González Charvay.
Sin embargo, todos los fiscales involucrados impugnaron esa decisión y apelaron para que intervenga la Cámara de Casación. Este tribunal determinó que la Cámara de San Martín no estaba facultada para resolver el planteo y que debió ser la justicia Penal Económico quien interviniera. En consecuencia, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robigilio resolvieron que el expediente correspondía a ese fuero.
De este modo, el caso regresó al Juzgado Penal Económico 10, a cargo de Straccia. No obstante, Pantano y Conte apelaron nuevamente para que la investigación vuelva a Campana, y esta apelación fue aceptada por la Cámara de Casación Penal.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña —quien renunció en diciembre pasado como presidente del Tribunal de Ética de la AFA— concluyeron que la apelación “reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación”, por lo que aceptaron tramitarla y convocaron a la audiencia del próximo mes. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.
Así, se inicia una nueva etapa de debate sobre qué magistrado debe llevar adelante la investigación. En paralelo, el gobierno nacional de Javier Milei está en condiciones de cubrir la vacante en el Juzgado 10 de lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente el expediente.